- Después de haber superado una etapa marcada por preguntas sobre cómo cumplir con los requisitos de privacidad y seguridad de los datos, el paso a seguir para los gobiernos es migrar a la nube
Bogotá, 10 de febrero de 2016. La migración hacia la nube ya comenzó y no se detendrá. Viene impulsada por grandes ventajas como la agilidad y la ampliación de respuesta a la ciudadanía, el ahorro en costos y la innovación en términos de infraestructura.
En la nube, las áreas de tecnologías de la información del sector público encuentran la disponibilidad, el poder de cómputo y la capacidad de recuperación de datos que necesitan, con mayor seguridad y logrando una reducción efectiva en sus costos.
Uno de los mejores ejemplos es el sistema educativo de Colombia que ha utilizado la nube para mejorar su servicio de entrega de resultados de las pruebas estandarizadas para estudiantes. Sin esta tecnología, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) hubiera requerido miles de sus propios servidores para dar a conocer estos resultados dos veces por año en segundos y manera confiable.
El ICFES aprovechó la escala y la naturaleza on-demand de cómputo en la nube, ahorrándose la infraestructura física necesaria para poder satisfacer esta demanda. Esto, sin duda, es un beneficio tanto para las instituciones públicas como para los estudiantes, padres y profesores.
Así como el de Colombia, los gobiernos de Estados Unidos, Australia, México y el Reino Unido también han sido pioneros en el aprovechamiento estratégico de la tecnología en la nube. Estos son algunos ejemplos para quienes estén interesados en llevar a cabo esta transición adaptándola, claro está, a sus intereses y necesidades propias.
La pregunta no es qué hacer, sino cómo hacerlo
La duda no debe ser si empezar a migrar o no, sino cómo elegir el sitio en el que conviene almacenar la información según las particularidades de cada caso. La respuesta está en la aplicación de la gobernabilidad y una robusta clasificación de datos.
La clasificación debe basarse en los riesgos potenciales de interés institucional, así como en la disponibilidad de soluciones pertinentes de nube y sus controles de seguridad. A la vez, se deben considerar objetivos más amplios, como mejorar la prestación de servicios a la gente, modernizar la infraestructura tecnológica y reducir costos, sin comprometer la experiencia.
Al igual que el caso colombiano, el sitio web NHS Choices, operado por el Departamento de Salud de Inglaterra y que provee información sobre salud y bienestar, es el tercer sitio web más utilizado en ese país con 52 millones de visitas registradas en enero de 2015. El Departamento de Salud inglés migró toda esta información a la nube para cumplir su principal objetivo y reducir costos de hosting en aproximadamente un 40 por ciento.
Ahora bien, ¿qué hacer con los datos que son considerados confidenciales, en los cuales puede estar de por medio la integridad y seguridad de un país y sus habitantes? En este punto el primer paso es detectar cuál es realmente esa información y qué hacer con ella. Gracias a este ejercicio, el Reino Unido, por ejemplo, ha logrado designar de forma efectiva alrededor de 90 por ciento de los datos gubernamentales como “listos para la nube pública”; es decir que, solo el 10 por ciento de ellos sería de contenido confidencial referente a la seguridad nacional que preferirían no migrar a la nube
En el marco de referencia del gobierno de los Estados Unidos, los datos se califican según el nivel de impacto que tendría un eventual caso de incumplimiento en la seguridad, determinándose como bajo, moderado o alto. Según esta categorización, el 80 por ciento o más de los datos del gobierno estadounidense son de impacto bajo o moderado.
Por otro lado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que migró a la nube a 120 mil usuarios dispersos en 5 mil locaciones, estima reducir 27 millones de dólares en costos en cinco años. Australia es otro gran ejemplo: como parte de su política cloud-first, la provincia de Queensland estima que ahorrará 17 millones de dólares al año tan sólo al trasladar su servicio de correo electrónico a la nube.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno de México necesitaba desplegar una mejor forma de manejar facturas electrónicas en respuesta a un mandato presidencial. Para esta tarea, el organismo se apoyó en Microsoft para planear, desarrollar, implementar y operar en sólo cuatro meses una solución basada en el servicio en la nube Microsoft Azure. El resultado fue un incremento del 8,24 por ciento en declaraciones de ingresos anuales, y un aumento de su capacidad de procesamiento de facturas de 24 millones a 34 millones en menos de dos semanas en 2014, gracias a la flexibilidad y confiabilidad de la nube. En este caso, cabe señalar que la solución costó 30 veces menos que una implementación comparable en un esquema on-premise usando otras tecnologías.
Según los diferentes casos, así como las necesidades y obligaciones de las instancias del gobierno, se define si los datos deben almacenarse en infraestructura física, en nubes privadas gubernamentales sujetas a robustos controles de seguridad, en nubes públicas con restricciones y permisos apropiados, o bien de forma totalmente abierta a través de la nube también.
La clasificación que proponen los países más experimentados segmentan los datos en cinco niveles:
· Nivel 1. Información extremadamente sensible, como datos críticos para la seguridad nacional y económica. Ésta se almacenaría en una nube privada del gobierno en instalaciones propias.
· Nivel 2. Información restringida y sólo compartida con algunos funcionarios de manera fundamental, como investigaciones judiciales o datos relacionados con la salud. La nube del gobierno o la nube pública con controles de seguridad robustos sería el formato adecuado para este tipo de datos.
· Nivel 3. Información utilizada de manera interna, como la relacionada con trámites y servicios o información económica. Al ser datos de uso cotidiano no sensibles y sin información personal, se almacenaría en la nube pública, considerando controles de seguridad.
· Nivel 4. Información anónima que sólo puede ser visualizada, entre la cual se incluyen reportes fiscales, estadísticas censales e información relacionada con salud que puede incluir datos personales pero sólo para propósitos de análisis público. Esta información podría alojarse en la nube pública, igualmente con controles de seguridad.
· Nivel 5. Datos públicos al alcance de los ciudadanos como agendas de transporte público e información climatológica. Ésta es apropiada para alojarse en la nube pública.
Ya comenzaron a presentarse diversos resultados que son prueba fiel de que un esquema de computación en la nube no sólo es posible de implementar, sino que además es ampliamente recomendable para soportar la operación y los servicios gubernamentales.
Hay muchos más ejemplos de instituciones públicas que a nivel mundial han dado el paso a la nube con excelentes resultados y sin poner en riesgo su información. Éstos son prueba fehaciente de que los gobiernos pueden migrar a la nube con confianza.
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